Dudas 1 - 10

El artículo 540 del Código de Trabajo {CT} (redacción vigente apartir del 25 dejulio de 20 7 7) dispone que las personas trabajadoras (en cualquier régimen de empleo} pueden accionar, a través de la vía sumarísima, para impugnar el despido o cualquier otra medida disciplinaria o discriminatoria cuando exista una "violación" de un fuero especial de protección, de los procedimientos a los que se tiene derecho (administrativos ojudiciales}, o de las formalidades o autorizaciones especialmen­ te previstas.

Entre los artículos 541 inciso c) y 620 del CT existe una contradicción aparente, sin embargo, ambas normas deben interpretarse en conjunto y atendiendo a una lógica que permita armonizarlas. Desde esa perspectiva, es válido considerar que, cuando un conflicto colectivo se radique en sede judicial, corresponde a la persona juzgadora, al órgano de conciliación o al tribunal arbitral (dependiendo del tipo de proceso del que se trate y la fase en la que se encuentre) emitir el acto de autorización de despido. Pero cuando el conflicto colectivo (conciliación o arbitraje) se presente en sede administrativa (MTSS), o ante un centro privado de conciliación y arbitraje debidamente autorizado, será en esa otra vía ante la que se solicite la autorización que corresponda.

El proceso laboral se rige, entre otros, por los principios de informalidad, celeridad, concentración, sencillez (artículo 421 CT}, por Jo que sería contrario a esas máximas requerir dos autorizaciones para un mismo acto (despido de una persona trabajado­ra con más de un fuero de protección). El aspecto medular es que dentro del procedimiento de autorización se verifique que la decisión patronal de extinguir el contrato de trabajo esté motivada en una causa objetiva o subjetiva de despido y no en un móvil discriminatorio.

La reforma introducida en el artículo 94 bis CT, por la Ley 9343 del 7 5 de diciembre de 207 5, tiene por objeto definir que los reclamos que se presenten por violación del fuero de materni­ dad, se deben tramitar a través del proceso sumarísimo de protección de fueros y tutela del debido proceso. No se infiere en la voluntad del legislador (ver actas del expediente legislati­ vo 7 98 7 9) la intención de modificar el régimen indemnizatorio establecido previo a la reforma. Bajo esa inteligencia, es claro que la redacción del artículo 94 bis, que estará vigente a partir del 25 dejulio de 20 7 7, contiene una omisión, lo que la torna confusa, en el sentido de que no deja del todo claro que la reinstalación y el pago de salarios caídos, por un lado, y las indem­ nizaciones por despido injustificado, más las sumas que correspondan al pre y post parto y los salarios que pudieran haber corrido entre el momento del despido y los siete meses de gesta­ ción, por el otro, son excluyentes entre sí, como se infiere con toda claridad de la regulación actual.

No obstante, esa omisión del legislador, o los problemas de redacción que pueda tener la norma, no deberían afectar a las partes del proceso y la seguridad jurídica debería imperar.

El régimen de indemnización por despido nulo, en nuestro país, ha permitido que la parte afectada por una acción de esa naturaleza demande, alternativamente, la reinstalación y el pago de salarios caídos (sobre la base de la teoría de lasupresión de los efectos del acto que formalmente no podría existir); o el pago que corresponda por el despido injustificado; según lo considere conveniente, conforme al derecho que emana de la libertad de trabajo consa­ grado en el artículo 56 de la Constitución Política y el derecho a la indemnización plena res­ guardado en el artículo 4 7 ídem.

La nueva redacción del artículo 94 bis CT no podría tener como efecto modificar ese régimen indemnizatorio, ya que ello reñiría directamente con las normas constitucionales citadas y, además, una interpretación distinta a la que actualmente opera, generaría un enriquecimien­ to sin causa para la parte, ya que al decretarse la nulidad del despido y retrotraer los efectos al momento en que se tomó la decisión extintiva, reconociendo los salarios caídos, "desapa­ rece" por ficción jurídica el hecho dañoso o, desde otra óptica, se ve plenamente indemniza­ do, por lo que no existiría una causa lícita para reconocer un pago adicional.

El primer aspecto a considerar es el transitorio VIII de la ley, el cual norma que, en todos los casos, mientras no esté funcionando el sistema de asistencia legal gratuita, no se exi­ girá el patrocinio letrado y las personas podrán seguir litigando "en estrados judiciale s por sí mismos". Superado el proceso de implementación de la defensa laboral gratuita, el trámite se deberá presentar cumpliendo con los requisitos "señalados para la deman­ da" (artículo 542 párrafo 2º CT), es decir, se deberá formalizar conforme lo reglado por el artículo 495 CT, sea, por escrito o en formato electrónico, lo que implica que los despa­ chosjudiciales no están en la obligación de tomar esas demandas en estrados.

Las trabajadoras madres en estado de embarazo o en período de lactancia, y las personas trabajadoras menores de edad, gozan de una especial protección, incluso desde el Derecho Internacional de los Derechos Humano (Convención Interamericano Para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra La Mujer "Convencían De Belem Do Para• Convención Sobre los Derechos del Niño de la ONU, Protocolo de San Salvador).

Por ello, para esa población en condición de vulnerabilidad, el Estado Costarricense se en­ cuentre en obligación de garantizarle un acceso adecuado a la justicia que reconozca sus necesidades particulares. De ahí que esos colectivos deben recibir un trato prioritario o, al menos, igualitario, respecto de otras personas trabajadoras, en lo que se refiere a la posibili­ dad de reivindicar efectivamente sus derechos laborales.

En lo que se refiere a contar con un patrocinio letrado, el legislador consideró necesario que se creara una defensa laboral especial, para las trabajadoras madres en estado de embarazo o en período de lactancia y las personas trabajadoras menores de edad, a cargo del Patrona­ to Nacional de la Infancia, considerando incluido, dentro las competencias de esa entidad, el resguardo del interés superior de la persona menor de edad. No obstante lo anterior, mientras no exista esa defensa laboral, o no se encuentre en capacidad de atender adecuadamente la demanda de patrocinio letrado gratuito a nivel nacional, la Defensa Pública deberá dispo­ ner de sus recursos para atender a ese grupo poblacional, ya que de lo contrario se incurriría en una discriminación odiosa, violatoria no solo a lo dispuesto en el artículo 33 de la Constitu­ ción Política, sino además a los instrumentos de derecho internacional a los que antes se ha hecho alusión.

Un aspecto importante es que en este tipo de procesos, por su especial naturaleza, se debe advertir a la parte promovente, en la resolución que convoca a la audiencia, de su obligación de contar para ese acto con patrocinio letrado. Ello con la antelación sufi­ ciente para que gestione, en caso de ser procedente conforme lo preceptuado en el ar­ tículo 454 CT, la asignación de una persona abogada de defensa social.

Ambos párrafos regulan supuestos distintos. El primero versa sobre actuaciones de institu­ciones públicas (en sentido amplio) o personas físicas concretas, en cuyo caso el informe se le solicita a la entidad o persona concretamente demandada. En el supuesto particu­ lar de las entidades o empresas de naturaleza privada, el informe se debe solicitar a la persona que, en funciones de dirección o administración, concretamente se le atribuye la comisión de la conducta ilegal.

La aportación de copias simples del expediente donde se cumplió el debido proceso, no produce el efecto automático de tener por cierto los hechos base de la demanda. La alusión de la norma, a copia certificada del expediente, se produce por cuanto, en términos generales, los procesos de autorización de despido y debidos procesos se llevarán a cabo ante instancias estatales (administrativas y jurisdiccionales) y, estas, al remitir esta documentación para uso judicial lo deben hacer a través de las certificaciones respectivas. Pero no se debe hacer prevalecer las formas sobre el fondo, ya que ello iría en contra de los principios generales que inspiran la promulgación de la Reforma Procesal Laboral (entre otros, informalidad, celeridad, concentración, y sencillez. Art. 42 7 CT).

Es importante para interpretar el artículo 544 CT en estrecha relación con el ordinal 485 ídem, el cual establece que Las fotocopias de documentos o textos, aunque no estén fir­ madas, podrán ser apreciadas como elementos probatorios, salvo que la parte a quien se oponen las haya impugnado y al mismo tiempo desvirtuado su contenido. La finalidad de requerir copia del expediente es que la persona juzgadora constate, por ese medio, la existencia de alguna violación al debido proceso, y ese objetivo puede alcanzarse igual con una copia certificada o con copias simples, siempre que el contenido de estas últimas no haya sido desvirtuado.

El artículo 539 CT debe aplicarse en cuanto a la forma de la sentencia (oral con la parte dispositiva por escrito, salvo que a petición de parte deba consignarse la totalidad por escrito. Conforme al artículo 544 CT, aplica el numeral 539, inciso 4) CT en referencia al plazo para el dictado de la sentencia.